PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA

El conocido refrán es plenamente aplicable al proceso de renegociación de la deuda externa y su exitosa culminación, que es justo reconocer como logro del Gobierno, aunque el precedente sea funesto a futuro. En la época de Gutiérrez se anunció la formación de una comisión para auditar la deuda pública (1970-2003). A esa fecha, el acumulado de amortización e intereses (lo que se conoce como servicio) fue de más de 95 mil millones. En ese entonces, todo quedó en nada y nunca trascendieron las condiciones financieras de las contrataciones, montos, destinos, tasas de interés, comisiones de compromiso, intermediación y demás detalles propios de esas operaciones. Rafael Correa conformó la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAICP), que cuestionó, entre otras, la renegociación del 2000 (canje de bonos Brady y eurobonos). Más allá del reprochable sesgo ideológico de sus conclusiones, existieron "graves perjuicios económicos" -según dicha comisión- que afectaron al Estado ecuatoriano, a más de las violaciones legales en que incurrieron los funcionarios de la época, que no se sujetaron a las formalidades de ley. La CAICP recomendó la suspensión del servicio de la deuda expresada en los bonos Global 2012, 2015 y 2030. Se suspendió el servicio -cayendo en moratoria- para los 2010 y 2030, pero, inexplicablemente, el servicio de los bonos 2015 continuó. El Gobierno, unilateralmente, consideró ilegítimos unos tramos y otros no, dándole un tratamiento discriminatorio a unos bonos frente a otros, estimulando una fiebre especulativa.