EN DEBATE AMPLIOS PODERES DE NUEVA SUPERINTENDENCIA

En el debate del proyecto de la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, se ha objetado tanto la forma de aprobación como proyecto económico urgente cuanto el carácter inconstitucional. Lo primero, porque el plazo perentorio de aprobación limita el debate participativo e inclusive la asimilación de la propia ley por parte de los actores económicos que deberán sujetarse a ella. Y una y otras son condiciones para garantizar la más amplia aceptación de cualquier norma jurídica, tanto más de las de mayor trascendencia, y su perdurabildiad en el tiempo. Lo segundo, porque el proyecto contiene legislación que corresponde a otras materias y no a una sola. La orientación sobre todo punitiva del proyecto se refleja en las amplias atribuciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El superintendente elige el Consejo de Participación Ciudadana de una terna del Gobierno. La Superintendencia podría sancionar con multas que van en rangos desde el 8 por ciento hasta el 12 por ciento del volumen del negocio. Organismos de vigilancia administrativa, sin independencia del Gobierno de turno, no deben suplantar en facultades sancionadores de peso a los jueces y las instancias judiciales, que deben seguir el debido proceso contra quienes incurren en acciones anticompetitivas vedadas por la Ley.