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¿RACIONALIDAD EN EL SECTOR PUBLICO?

Por: Tema(s): En: El Comercio 27oct. 2004, p. A. 4Resumen: Hay dos gestos que marcan un posible acercamiento para solucionar los reclamos de los empleados del sector público, que en estos días mantienen paralizados cinco ministerios. Por un lado, el Gobierno decretó la homologación salarial desde el 2005 y adicionalmente dispuso el congelamiento de los salarios de los funcionarios considerados de nivel jerárquico o superior. El otro signo viene de los servidores públicos organizados: la dirigencia propone que haya una disminución en los sueldos de empleados que ganan más de tres mil dólares, lo cual involucra al 12 por ciento de 44 mil empleados. Si bien ese ahorro significa solo unos ocho millones de dólares anuales, la propuesta resulta interesante porque marca una diferencia frente a la archiconocida actitud de bloqueo. El Ministerio de Economía ha hecho notar en varias oportunidades el impacto que tendrá la aplicación de la homologación sobre las finanzas estatales. Sus cálculos hablan de hasta 600 millones de dólares en seis años, pero, por lo demás, se trata de un compromiso adquirido con anterioridad por el Gobierno y que, en un exceso de entusiasmo, incluso fue anunciado para mediados de este año. El monto global que se destinará para los salarios del sector público en el 2005 será de 2.180 millones de dólares, es decir 153 millones más que en el presente año. Se entienden las dificultades fiscales y las presiones del sector público para el cumplimiento de un compromiso. Por eso resulta interesante que tanto el Gobierno como los empleados caminen hacia posiciones que destraben un drama que se ha vuelto episódico.
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Hay dos gestos que marcan un posible acercamiento para solucionar los reclamos de los empleados del sector público, que en estos días mantienen paralizados cinco ministerios. Por un lado, el Gobierno decretó la homologación salarial desde el 2005 y adicionalmente dispuso el congelamiento de los salarios de los funcionarios considerados de nivel jerárquico o superior. El otro signo viene de los servidores públicos organizados: la dirigencia propone que haya una disminución en los sueldos de empleados que ganan más de tres mil dólares, lo cual involucra al 12 por ciento de 44 mil empleados. Si bien ese ahorro significa solo unos ocho millones de dólares anuales, la propuesta resulta interesante porque marca una diferencia frente a la archiconocida actitud de bloqueo. El Ministerio de Economía ha hecho notar en varias oportunidades el impacto que tendrá la aplicación de la homologación sobre las finanzas estatales. Sus cálculos hablan de hasta 600 millones de dólares en seis años, pero, por lo demás, se trata de un compromiso adquirido con anterioridad por el Gobierno y que, en un exceso de entusiasmo, incluso fue anunciado para mediados de este año. El monto global que se destinará para los salarios del sector público en el 2005 será de 2.180 millones de dólares, es decir 153 millones más que en el presente año. Se entienden las dificultades fiscales y las presiones del sector público para el cumplimiento de un compromiso. Por eso resulta interesante que tanto el Gobierno como los empleados caminen hacia posiciones que destraben un drama que se ha vuelto episódico.

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