GOBIERNO BUSCA FONDOS PARA LAS INDEMNIZACIONES

El subsecretario de Presupuestos, Mauricio Ullrich, informó ayer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no determina la fuente de recursos que financiará el pago de indemnizaciones para alrededor de 5.000 funcionarios públicos, quienes, según el plan oficial de reducción del tamaño del Estado, serán despedidos hasta fines de este mes. La Secretaría Nacional de Remuneraciones (SENRES) prevé que la desvinculación costará 100 millones de dólares, pues el promedio de indemnizaciones es de 20.000 dólares por cada funcionario. A fines de diciembre, el ministro de Economía, Mauricio Yépez, planteó dos opciones para cubrir ese monto: un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la colocación de Certificados de Tesorería (Cetes). Yépez explicó que el crédito del BID (igual que los del resto de multilaterales), que suma 100 millones de dólares, podría estar aprobado durante el primer semestre del año. El proyecto, sin embargo, aún no consta en las propuestas consideradas por el Banco para este año, según el listado de proyectos -actualizado al 21 de diciembre del 2004-, publicado en la página web del organismo (www.iadb.org). ¿Cómo se financiará, entonces, la supresión de partidas? El ministro explicó que hasta que el préstamo sea aprobado, el MEF emitirá 100 millones de dólares en Cetes. La fecha para iniciar esa operación era el 3 de enero, dijo en diciembre, durante un encuentro con la prensa escrita. Sin embargo, la Bolsa de Valores de Quito, en los primeros diez días del año, negoció apenas 97.690 dólares en Cetes. Ullrich explicó ayer que la emisión no será tan alta. "Solo se sacará al mercado (de valores) lo que se necesite. Y el crédito con el BID todavía está en trámite", aseguró. Ramiro Espín, secretario de la SENRES, ratificó que los despidos se ejecutarán este mes y que "el asunto económico ya le corresponde al MEF". Entre tanto, la SENRES indicó que el plan de desvinculación contempla un margen de discrecionalidad del 10 por ciento, lo que implica que hasta 500 servidores públicos podrán salir por decisión de un comité interinstitucional -conformado por autoridades y trabajadores- en cada entidad pública.