JUICIO PARA UN DEFAULT

En los próximos días, la Comisión de Fiscalización del Congreso pretende plantear un juicio político en contra del ministro de Economía, Diego Borja, por desviar recursos para el pago de la deuda externa. El congreso insiste en que se ejecute el presupuesto en los términos que este aprobó tras modificar la proforma original, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas considera que los cambios introducidos por el congreso son inejecutables porque violan la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lo que no se dice públicamente es que con la decisión está en juego si el país declara una moratoria o default parcial en su deuda pública. Cuando el Congreso modificó el presupuesto, este aprobó que no se pague US 396,9 millones de los US 2.857 millones que el Gobierno debe pagar por la deuda pública (US 968 millones en intereses y US 1.889 millones en amortizaciones). Aunque no especifica si se debe dejar de pagar intereses o capital, el hecho es que la decisión legislativa implica no pagar parte de los US1.332 millones de la deuda interna o parte de los US 1.525 millones en obligaciones externas. No importa cómo se lo vea, el punto aquí es que los demagogos de siempre quieren que el Gobierno deje de pagar sus obligaciones sin importarles las consecuencias. ¿Qué tal si el gobierno no paga al IESS por los bonos que este ha adquirido?; o si no paga a los gobiernos seccionales, tenedores de bonos del Estado; o que no pague al BID o la CAF (instituciones que estarían proporcionando al Estado más de 600 millones para obras de infraestructura y proyectos de beneficio social). En cualquiera de estos casos, el riesgo del país aumentaría, subirían las tasas de interés, se cerrarían las líneas de crédito externas, y las presiones internas aumentarían, el fisco entraría en una crisis de financiamiento, y podría dar lugar a una serie de consecuencias económicas adicionales graves.