¿PARA QUE TANTA URGENCIA?

Vamos de nuevo. Acaba de llegar a la Asamblea Nacional otro proyecto de ley enviado por el Ejecutivo/colegislador con el carácter de "económico urgente". Se trata del Código de Planificación y Finanzas Públicas. El futuro de esta ley es bastante predecible si se siguen los pasos de su antecesora: la Ley de Hidrocarburos, la que pasó por el ministerio de la Ley gracias al ausentismo consciente de los asambleístas oficialistas, quienes esperaron en la oficina del presidente de la Asamblea a que el plazo para la ley transcurriera, sin atreverse a debatir y (posiblemente) a perfeccionar la ley. El código en cuestión, sobre el papel, tiene por objeto organizar, normar, aplicar el sistema nacional descentralizado de planificación participativa y vincular al sistema de planificación con el sistema de finanzas públicas. Sin embargo, contiene también algunas disposiciones que merecen la pena ser, al menos, discutidas. La Asamblea tiene la obligación constitucional de aprobar leyes que aporten realmente a mejorar el funcionamiento del país y el bienestar de sus ciudadanos. Si se sigue el ritmo político desoyendo al técnico, lo más probable es que lo se apruebe cause más problemas que los que se quieren resolver. Al mismo compás se aproxima ahora el Código de la Producción.