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¿PRIVATIZAR CON RECURSOS DEL ESTADO?

Por: Tema(s): En: El Comercio 8 ago. 2000, p. A. 4Resumen: La tendencia que se advierte en las reformas que se proponen en el proyecto de Ley Trole II es la desregulación de los controles del Estado, como si no se tuviera fresca la experiencia que por flexibilizar los controles de la actividad financiera y bancaria, los empresarios de este sector quebraron a la economía nacional. Se quiere que el Banco del Estado financie créditos a la empresa privada y a la mixta que provean servicios públicos que hasta ahora son suministrados por el Estado. Es decir que el banco que se creó para financiar los proyectos de las municipalidades del país, de los consejos provinciales, para obras de infraestructura social y de mejoramiento de los servicios comunales, deberá usar lo poco que tiene y prestar a las empresas privadas que hayan sido adjudicatarias de los contratos de privatización, en el entendimiento claro de que ésta se hace para que esas empresas inviertan porque el Estado no tiene dinero para hacer esas inversiones. Esta idea plasmada en un proyecto de ley es totalmente descabellada y da la medida de cómo se quieren hacer las cosas desde el Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) y desde el Gobierno.
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Analítica de Seriada Analítica de Seriada BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO RESUM-025259 (Navegar estantería(Abre debajo)) El Comercio. 8 ago. 2000, p. A. 4 Disponible

La tendencia que se advierte en las reformas que se proponen en el proyecto de Ley Trole II es la desregulación de los controles del Estado, como si no se tuviera fresca la experiencia que por flexibilizar los controles de la actividad financiera y bancaria, los empresarios de este sector quebraron a la economía nacional. Se quiere que el Banco del Estado financie créditos a la empresa privada y a la mixta que provean servicios públicos que hasta ahora son suministrados por el Estado. Es decir que el banco que se creó para financiar los proyectos de las municipalidades del país, de los consejos provinciales, para obras de infraestructura social y de mejoramiento de los servicios comunales, deberá usar lo poco que tiene y prestar a las empresas privadas que hayan sido adjudicatarias de los contratos de privatización, en el entendimiento claro de que ésta se hace para que esas empresas inviertan porque el Estado no tiene dinero para hacer esas inversiones. Esta idea plasmada en un proyecto de ley es totalmente descabellada y da la medida de cómo se quieren hacer las cosas desde el Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) y desde el Gobierno.

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