REFORMA FISCAL Y DEUDA PUBLICA

El proyecto de ley de reforma fiscal y tributaria, enviado por el ejecutivo al Congreso, propone básicamente asegurar el pago de la deuda pública a través de la creación de un fideicomiso al cual irían los fondos provenientes de la venta de crudo pesado, una vez terminado el OCP. El 80 por ciento sería para recompra de la deuda y el 20 por ciento para contingentes, como la caída del precio del petróleo o desastres naturales. Cuesta admitir que se deba seguir sacrificando el desarrollo para honrar obligaciones que poco han beneficiado al pueblo y que se han contraído en algunos casos de forma corrupta. Hay algunas sugerencias al respecto: la condonación -difícil pero no imposible-, la suspensión del pago por un largo período, y la que propone el gobierno. Mientras se hagan viables las dos primeras hay que transitar por algún camino. Si bien es doloroso admitir el tercer camino, no es menos verdad que algún día habrá que enfrentar el problema, aunque signifique un mayor sacrificio. Es imprescindible además poner coto al endeudamiento público nacional y al de los organismos seccionales. Pero adoptarlo equivaldría a postergar la deuda social, que es lo más preocupante. Entonces habría que pensar en una alternativa que disminuya sostenida, inmediata y progresivamente el impacto. Es decir, que el 80 por ciento vaya reduciéndose a partir del segundo año en provecho del desarrollo.