LA SOCIEDAD DESAMPARADA

Como es sabido, conceptualmente la base de financiación del Estado es el impuesto a la renta, es decir las utilidades que perciben los ciudadanos y que debe ser creciente (el Estado sirve más a los que más tienen), e inclusive en ese impuesto debe basarse la justicia social distributiva. Nuestra perversa organización jurídico-política pone en marcha un mecanismo al revés porque rebaja el impuesto a la renta y permite la más descarada evasión, mientras eleva los gravámenes indirectos que los pagan todos. El Congreso al aprobar (para dar lugar al veto parcial) el proyecto de Ley Tributaria, aumentó la base imponible del impuesto a la renta de US 5.000 a US 7.000 y bajó el techo de la tributación de 25 al 15 por ciento, con lo cual alivió la carga tributaria a los más ricos. Con el rechazo al aumento del impuesto al valor agregado, seguramente los de la mayoría que aprobaron el proyecto de reformas a la Ley Tributaria en los términos conocidos, mantienen la máscara de la "defensa de los intereses del pueblo"; pero al mantener la estructura de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) con un embadurnamiento de la fachada, se deja campo libre al gran contrabando. En definitiva, la gran oligarquía sale fortalecida, esa oligarquía a la que pertenecen los banqueros corruptos que quebraron sus bancos y precipitaron al país en la gran crisis de la cual se quiso salir con la dolarización, y como esta no funciona sino en favor de los ricos, para salvarla aplican lo que la UNICEF llama "inequidad privada por los mecanismos de mercado" que se manifiesta en "un manejo del gasto público que da prioridad a inversiones que desamparan a la sociedad más pobre".