POR UNA REFORMA Y NO POR UN CHANTAJE

En la práctica la expedición de la Ley General de Instituciones Financieras, en 1994, al definir en forma difusa qué es un "grupo financiero" abrió la puerta a la concentración y a la vinculación de créditos a las empresas asociadas. Tampoco este nuevo marco fue asimilado por el sistema judicial, de manera que se desestimule el fraude financiero. Esta impunidad ha dado origen a que las autoridades monetarias no solo queden desprotegidas, sino que los accionistas y dueños de los bancos que son los responsables directos de la crisis actual del Ecuador hayan salido indemnes y, lo que es peor, que haciendo gala de un supuesto regionalismo traten de echarles la culpa de su mal manejo empresarial y, por caminos del chantaje político, traten de que el Estado siga cargando con sus culpas, les exonere de responsabilidad y les ayude a recuperar, por cualquier medio, sus instituciones perdidas.