FINANCIACION DE LAS PENSIONES

Una elemental sensibilidad social exige afrontar la situación de los jubilados, sobre todo de quienes reciben los ingresos más bajos, pero no con los tintes demagógicos con que procedió el Congreso al aprobar una pensión mínima de US135,62 mensuales, pero sin prever si esa elevación podía asumir el IESS -no solo para este año, sino también para el futuro- y estaba en capacidad de pagar el Estado, que tiene la obligación de abonar el 40 por ciento de las pensiones. Por las cifras que exhibe el IESS, aquello no es posible desde el punto de vista financiero sin afectar seriamente al propio fondo de pensiones. El Gobierno ha anticipado por medio del ministro de Economía el veto a la resolución del Congreso, pero al mismo tiempo se prepararía a enviar a los diputados un proyecto para incrementar la pensión mínima en el mismo monto que resolvió la Legislatura, pero con la previsión del financiamiento por medio del aumento del IVA del 12 al 13 por ciento. Con esa propuesta, el problema regresa otra vez a manos del Congreso. Ciertamente, no sería responsable cerrar allí las puertas para financiar el incremento de una pensión mínima. Es decir, que no hubiera la posibilidad de conjugar los argumentos técnicos y políticos para adoptar una medida con un indudable contenido social. Si todo el mundo reconoce la justicia de mejorar las pensiones de quienes reciben menos de lo que corresponde al salario mínimo unificado, tiene que hallarse una fórmula viable compartida de provisión de recursos y que no signifique un colapso para el propio IESS y el fondo de pensiones. Ese financiamiento debe ser real y no partir de ingresos posibles, sino ciertos.