La autonomía sin solvencia económica no se llama autonomía El Telégrafo

El debate público requiere cada día de mejores argumentos para generar una reflexión sensata y madura. En el pasado a las “entidades autónomas” se les otorgaba recursos públicos -aunque sus tareas fuesen administradas por privados- por una razón de fondo (justificable en ese momento): no existía Estado y lo público era un concepto hueco. Por tanto, el debate debe girar sobre las responsabilidades sociales, públicas y privadas en un nuevo contexto político y constitucional. Quizá la ausencia de una discusión más rica en conceptos y decisiones institucionales nos lleve ahora a polemizar sobre si esas entidades autónomas requieren de recursos públicos, asignaciones y hasta fondos definidos. A nadie le quepa la menor duda de que cuando se habla de autonomía se expresa un concepto y una realidad. ¿De qué hablamos? De la capacidad de esa entidad para desarrollar sus actividades y objetivos con la solvencia económica e institucional requerida. Si no lo puede hacer no puede llamarse de ese modo. En ese sentido hay que debatir.