POLÉMICO MENU DE OPCIONES PARA 'RENUNCIAR' A BUROCRATAS

La tarde del miércoles pasado al menos 150 funcionarios del Banco Central fueron reunidos en el auditorio de la institución para escuchar a la directora de Recursos Humanos, Gabriela García, quien trataba de convencerlos de los beneficios de la compra obligatoria de renuncias, puesta en vigencia con el Decreto Ejecutivo 813, publicado el día anterior. La renuncia obligatoria es parte de un nutrido menú del Gobierno para "optimizar" el tamaño del Estado y se podrá aplicar a todas las funciones del Estado, a la Justicia Indígena, organismo de control, la Corte Constitucional. Es que en la Ley de Servicio Público (LOSEP), aprobada en octubre del 2010, se abre un abanico de opciones para retirar al menos a 10 mil burócratas, como lo había comentado el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, el año anterior. En los artículos 47, 48 y 81 de la ley, por ejemplo, se contempla desde la renuncia voluntaria hasta las causales para supresión de partidas y la salida de personas de la tercera edad. El martes pasado, a este menú se sumó la renuncia obligatoria: las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del art. 47 de la Losep con el fin de reestructurar, optimizar o racionalizar dichas instituciones. El día de la reunión del BCE, García les explicó que el plan era lograr la salida del banco de al menos 130 personas, y que la decisión de las autoridades era discrecional. Aunque la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, dijo dos días después que la compra de renuncia obligatoria se dará solo en casos especiales, como por ejemplo, de corrupción. Del auditorio por lo menos salieron tres cuestionamientos a la propuesta: que el decreto era inconstitucional, no puede estar por sobre la ley que garantiza la estabilidad laboral y que no contempla la obligatoriedad de la renuncia.