LA COMPRA DE RENUNCIAS VUELVE A LA AGENDA OFICIAL

El ministro de Relaciones Laborales Richard Espinosa confirmó que el Gobierno planea incluir el tema de la compra de renuncias obligatorias a los burócratas dentro del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). El anuncio llama la atención tomando en cuenta que ese planteamiento se incluyó en el veto a la Ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, pero no fue aprobado por los legisladores el pasado 29 de septiembre. El ministro de Relaciones Laborales Richard Espinosa aseguró que la compra de renuncias es potestad del Estado, no así la venta de renuncias, que es "el único mecanismo de tipo voluntario". La Cartera de Relaciones Laborales analiza qué mecanismo se aplicará en el caso que una persona se niegue a que le compren la renuncia. El Reglamento se entregará al presidente Rafael Correa en esta semana, dijo Espinosa. De ahí que Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, aseguró que es una ilegalidad incluir bajo reglamento un elemento que no está normado de forma alguna. Sin embargo, Espinosa aseguró que el tema sí consta dentro de la Ley. "Si bien se eliminó la transitoria décima (en la que se establecía la figura de forma directa) el literal k del artículo 47 establece que los servidores podrán ser cesados de sus funciones por compra de renuncias con indemnización". Este planteamiento fue rechazado por Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, debido a que al eliminarse la transitoria quedaba sin efecto cualquier elemento alusivo al tema. Además explicó que solo está normada la indemnización en los casos de supresión de partidas presupuestarias y jubilaciones. Sin embargo, el Gobierno pretendería aplicar el mismo mecanismo de pago de indemnizaciones estipulado en la transitoria décima, según consta en un borrador preliminar del Reglamento de la LOSEP. Esto quiere decir que se pagarán cinco salarios básicos unificados (SBU) por cada año de servicio, hasta un máximo de 175 SBU, "para lo cual se harán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente". El documento insiste también en el planteamiento del Ejecutivo respecto de que el proceso se realice en un tiempo no mayor a los 18 meses y que el 50 por ciento del pago se haga en bonos.