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CASO GAS DE PUNA VA A JUZGADOS PENALES

Tema(s): En: Expreso 15 dic. 2009, p. 6Resumen: El dirigente petrolero Fernando Villavicencio, el asambleísta César Montúfar y el abogado Raúl Moscoso presentarán mañana una demanda penal, por peculado, en contra del vicepresidente de PETROPRODUCCION, Freddy García Calle, y del presidente de PETROECUADOR, Luis Jaramillo. La primera acusación se basa en el convenio suscrito entre PETROECUADOR y la venezolana PDVSA, para la exploración del Bloque 4 en la Isla Puná. Según Villavicencio, este convenio irrespeta la Ley de Hidrocarburos que establece claramente las modalidades contractuales de exploración y explotación, pues al tratarse de una empresa extranjera de derecho privado como PDVSA, debía procederse a través de una licitación internacional. La cláusula 2, objeto del convenio, señala que solo en el caso de encontrarse reservas comercialmente explotables, la empresa recuperará sus costos, gastos e inversiones realizadas en el Bloque 4, de lo contrario PETROECUADOR nada le cancelará. Hasta septiembre de 2008, el monto de inversiones aprobado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) y PETROECUADOR era de unos 40 millones de dólares para todas las actividades, y el costo exclusivo de perforación del pozo exploratorio Puná 1, de 15 millones. Pero a fines de mayo de 2009, se suscribió un adéndum modificatorio del convenio, cambiando la cláusula 2, e incrementando el costo de exploración a un monto de 25 millones de dólares, obligando a la empresa petrolera estatal ecuatoriana a cubrir el costo del mismo. Es decir, el riesgo que la ley le obliga a la contratista, con un adéndum, se traslada al Estado del Ecuador, lo que según los demandantes cae en el campo del peculado.
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El dirigente petrolero Fernando Villavicencio, el asambleísta César Montúfar y el abogado Raúl Moscoso presentarán mañana una demanda penal, por peculado, en contra del vicepresidente de PETROPRODUCCION, Freddy García Calle, y del presidente de PETROECUADOR, Luis Jaramillo. La primera acusación se basa en el convenio suscrito entre PETROECUADOR y la venezolana PDVSA, para la exploración del Bloque 4 en la Isla Puná. Según Villavicencio, este convenio irrespeta la Ley de Hidrocarburos que establece claramente las modalidades contractuales de exploración y explotación, pues al tratarse de una empresa extranjera de derecho privado como PDVSA, debía procederse a través de una licitación internacional. La cláusula 2, objeto del convenio, señala que solo en el caso de encontrarse reservas comercialmente explotables, la empresa recuperará sus costos, gastos e inversiones realizadas en el Bloque 4, de lo contrario PETROECUADOR nada le cancelará. Hasta septiembre de 2008, el monto de inversiones aprobado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) y PETROECUADOR era de unos 40 millones de dólares para todas las actividades, y el costo exclusivo de perforación del pozo exploratorio Puná 1, de 15 millones. Pero a fines de mayo de 2009, se suscribió un adéndum modificatorio del convenio, cambiando la cláusula 2, e incrementando el costo de exploración a un monto de 25 millones de dólares, obligando a la empresa petrolera estatal ecuatoriana a cubrir el costo del mismo. Es decir, el riesgo que la ley le obliga a la contratista, con un adéndum, se traslada al Estado del Ecuador, lo que según los demandantes cae en el campo del peculado.

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