¿MAS PLATA PARA QUE?

Una resolución del Banco Central, basada en el artículo 299 de la Constitución, establece la obligación de que las entidades estatales inviertan su dinero en la banca pública. Si bien la medida es coherente con la política económica del Gobierno, cuya gestión apunta a la centralización del manejo financiero, monetario y cambiario de los recursos del Estado y, de paso, a minimizar la influencia de la banca privada en el movimiento financiero del país, no es menos cierto que la decisión tiene fortalezas y debilidades. Teóricamente es positivo que se inyecte más dinero a la economía, pues de esa manera se promueve el consumo y se genera empleo, lo cual puede ser alentador en medio de las cifras recientemente divulgadas en relación con la sistemática caída de la oferta de trabajo. Sin embargo, la experiencia concreta de estos tres años de Gobierno no es un soporte real para una visión optimista sobre el manejo de los fondos públicos. Con excepción del Banco del Estado y la Corporación Nacional de Fomento, cuyo trabajo es fructífero en la generación productiva, los resultados de la gestión del Banco de la Vivienda y el Banco de Fomento son, más bien, preocupantes, si se toma en cuenta la alta cartera vencida, quizás alentada por un manejo clientelar. Por esas razones, ahora cabe esperar del Gobierno un manejo no populista de los recursos, pues la experiencia indica que no se trata de contar con mucho dinero sino de saberlo administrar de manera responsable y prudente.