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BCE ANALIZA PAGO A EX EMPLEADOS

Tema(s): En: La Hora 29 ene. 2009, p. B. 6Resumen: Las autoridades del Banco Central del Ecuador (BCE) solicitaron una prorroga de treinta días para estudiar el pago de los ex funcionarios de la entidad que fueron despedidos en el 2004. Ayer, Danilo Coloma, intendente de Seguridad Social informó a los perjudicados que la petición se afianza en que Karina Saénz, gerenta del BCE, pidió más tiempo para estudiar el caso. El litigio del dinero adeudado tiene origen en 2004, cuando 294 empleados fueron despedidos intempestivamente violando su derecho a la jubilación. La noticia de la ampliación del plazo provocó molestias en los afectados. "Ahora actuaremos con actitud más dura y no cesaremos con nuestros reclamos al Banco", manifestó Miguel Torres, ex empleado y representante de los reclamantes. Agregó que de no darse el pago los trabajadores están dispuestos a ejecutar medidas de hecho e impulsar demandas judiciales en la Fiscalía. Argumentó que se defenderán de la injuria de que se afectará al Estado con 80 millones de dólares. "El reclamo no es para el BCE pues la entidad no es quien debe pagar sino el Fondo de Pensiones que es un ente privado", acotó.
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Las autoridades del Banco Central del Ecuador (BCE) solicitaron una prorroga de treinta días para estudiar el pago de los ex funcionarios de la entidad que fueron despedidos en el 2004. Ayer, Danilo Coloma, intendente de Seguridad Social informó a los perjudicados que la petición se afianza en que Karina Saénz, gerenta del BCE, pidió más tiempo para estudiar el caso. El litigio del dinero adeudado tiene origen en 2004, cuando 294 empleados fueron despedidos intempestivamente violando su derecho a la jubilación. La noticia de la ampliación del plazo provocó molestias en los afectados. "Ahora actuaremos con actitud más dura y no cesaremos con nuestros reclamos al Banco", manifestó Miguel Torres, ex empleado y representante de los reclamantes. Agregó que de no darse el pago los trabajadores están dispuestos a ejecutar medidas de hecho e impulsar demandas judiciales en la Fiscalía. Argumentó que se defenderán de la injuria de que se afectará al Estado con 80 millones de dólares. "El reclamo no es para el BCE pues la entidad no es quien debe pagar sino el Fondo de Pensiones que es un ente privado", acotó.

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