EL ALCANCE DE CORREA

El pasado martes, el presidente de la República, Rafael Correa, envió un alcance a su veto parcial a la Ley de Seguridad Financiera aprobada por el congresillo, por pedido del Ejecutivo. El punto en el que el Gobierno reculó fue el referido al octavo ítem innumerado del artículo 2 del proyecto de ley. El presidente Correa objetó primero que la administración del Fondo de Liquidez, con mayoría del Gobierno, solo podría invertir ese dinero, los recursos de los depositantes del sector financiero privado, en instituciones con calificación AA o superior, es decir, muy confiables. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador inmediatamente denunció que ese veto permitiría al Gobierno usar el Fondo de Liquidez, por ejemplo, para comprar bonos del Estado; es decir, inversiones de alto riesgo en vista de la crisis que se avecina por la caída dramática del precio del petróleo ecuatoriano de más de 100 el barril a algo más de 20, y por la expansión del gasto público y el aumento de los subsidios. El congresillo sin más se allanó al veto, pese a que esa misma mañana, en uno de los noticieros de televisión, el presidente de la Comisión de lo Tributario y Bancario del órgano legislativo, Jaime Ruiz, defendía el veto del presidente Correa, argumentando que eso abría el abanico de inversiones para el dinero que los ecuatorianos confiaron al sistema financiero. Los sano es que el presidente de la República haya atendido a las luces rojas que se encendieron por la aprobación de una polémica ley que, desde la óptica del Ejecutivo, solo pone controles a una banca que ha sido denostada por casi todos los líderes de la revolución ciudadana. La ley está ahí, pese a todas las objeciones planteadas por la banca privada. El administrador del Fondo de Liquidez sigue siendo el Gobierno, por lo tanto si algo ocurre con ese dinero, será el Ejecutivo el que deba responder.