LA AGD DESVIRTUA QUE EXISTA TRASFONDO POLITICO

Antes de justificar la decisión de incautar todos los bienes de los hermanos Isaías Dassum, el gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo Macías, designado el viernes pasado, hizo dos aclaraciones. Desvirtuó que la resolución tenga que ver con aspectos coyunturales, como la cercanía del referéndum aprobatorio de la Constitución que aún redacta la Asamblea Nacional en Montecristi. Lo que pasa -justificó- es que hasta diciembre pasado, el Superintendente de Bancos (Alfredo Vergara) era un funcionario "vendido a la banca", y solamente con la posesión de la nueva administración (Gloria Sabando), la Superintendencia determinó -el 26 de febrero de este año- las pérdidas de Filanbanco por 661,5 millones de dólares. Desmintió, además, que la medida -que solo fue conocida por el presidente Rafael Correa, según Bravo, hasta el lunes en la noche- obedezca a una persecución hacia los medios de comunicación social. Según explicó Bravo Macías, la resolución, que terminó con la incautación de 200 bienes de los administradores y accionistas de Filanbanco durante la madrugada de ayer en Quito y Guayaquil, se sustenta en la ley de Reordenamiento en Materia Económica (artículo 29). En "estricto apego a la Ley", esta dispone que la AGD podrá incautar los bienes de administradores que hayan declarado patrimonios técnicos irreales y que hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés.