34.000 FUNCIONARIOS NO SE ACOGIERON A LA HOMOLOGACION SALARIAL

Unos 34 mil empleados públicos de las instituciones autónomas no se acogieron a la homologación salarial vigente desde el 2003, y el Estado invierte el 31 por ciento de su presupuesto para pagar sus "sueldos dorados". Esas estadísticas han llevado al bloque de PAIS a proponer la elaboración de un mandato constituyente para someter a todos los organismos autónomos a la homologación en un plazo de dos años. La Secretaría Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres) colabora con la asesoría técnica en el tema. La masa salarial del país es de 400.000 empleados públicos. La burocracia dorada está en las funciones Judicial y Legislativa y en instituciones como Procuraduría, Contraloría, Ministerio Público, Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, gobiernos seccionales, Comisión Anticorrupción, entre otras. En esas dependencias la información acerca de los salarios está bajo llave, pues estas no se sujetan a las escalas fijadas por la Secretaría Nacional de Remuneraciones. Esos niveles se definieron en enero de este año, cuando el presidente Rafael Correa mediante el decreto Nº 003 determinó que ningún funcionario público puede ganar más de 4.250 dólares, que corresponde a la escala de nivel jerárquico superior. Pero para concretarlo está listo un mandato constituyente mediante el cual se reducirán los sueldos a nivel jerárquico, y con ello la Senres controlará los salarios de todo el sector público, del gobierno central y de las entidades autónomas, incluidos los de las Fuerzas Armadas y la Policía. La Senres confía en el mandato constituyente para que esos organismos autónomos pasen a su control, pues hasta el momento no posee información confiable respecto al número de funcionarios que laboran en esas entidades y los sueldos que perciben. De esa forma tendría también el control de los sueldos y bonificaciones salariales que superan los 10 mil dólares. Los asambleístas aún no han fijado una fecha para el debate y aprobación de ese mandato.