DIFERENTES LECTURAS

En la semana pasada, el Director General del Servicio de Rentas Internas, acaparó la atención de los medios con una afirmación que, sin lugar a dudas, ponía los pelos de punta a cualquiera: la evasión tributaria en materia de Impuesto a la Renta alcanzaría cifras que bordearían el 5 por ciento del PIB, ni más ni menos que 2 000 millones de dólares, suma suficiente para calmar todas las necesidades de los arcas fiscales y emprender en las obras que tanta falta hacen a los ecuatorianos. Los culpables de este fraude al fisco, según el representante de la Autoridad Tributaria, en su gran mayoría, serían las grandes empresas o grupos económicos que, de una u otra manera, se habrían dado forma para evadir una utilidad cercana a los 10000 millones de dólares, cifra solo comparable con la prevista en el Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2007. Una denuncia de estas características no puede pasar inadvertida y, por la gravedad de la misma, merece ser revisada a la luz de las cifras que proporcionan, precisamente, los órganos oficiales. Esas cifras muestran una perspectiva más cercana a la realidad vista en su conjunto. No se pretende negar la existencia de casos escandalosos, como la de dos exportadoras bananeras, pero resulta incomprensible, por qué en vez de la denuncia no se informa que se han iniciado los actos de determinación previstos en la Ley. Sin duda hay que avanzar en mejorar las recaudaciones tributarias. Pero, la experiencia enseña que muy poco se puede lograr por la vía de extraer más recursos a los contribuyentes formales, sino que se debe tratar de incorporar a importantes grupos que están al margen de la Ley. Se trata de un gran desafío que requerirá de mucho esfuerzo técnico, si no se quieren sembrar dudas sobre si las reales intenciones acaso están salpicadas por lo político.