INVERSION ELECTRICA
Tema(s): En: El Universo 28 ago. 2006, p. A. 10Resumen: Hace catorce años, con Sixto, entramos formalmente en una etapa de modernización del Estado. En lo eléctrico, se desmanteló el ente estatal, Inecel, y debieron haberse privatizado sus activos concesionando la administración de las empresas eléctricas. Pero esto último no se dio y por tanto no hubo inversión ni pública ni privada, causando el enorme déficit de generación. Para superar esta situación, hay dos proyectos complementarios que se están tratando en el Congreso. El uno, en etapa de veto parcial, permitirá al Estado asumir el subsidio eléctrico, lo que les permitía a las distribuidoras funcionar como tales; que la administración de estas pase a manos profesionales; y que el Estado pueda garantizar el pago a las generadoras de la electricidad entregada a las distribuidoras públicas; esto último, aparentemente el Congreso no acogió. El otro, de urgencia económica, destina los ingresos del Estado generados por la caducidad de Occidental a la inversión en proyectos hidroeléctricos. Ambas leyes, vistas de manera conjunta, pueden ser un paso firme hacia la solución de la crisis eléctrica que vive el país.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada | BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Universo. 28 ago. 2006, p. A. 10 | Disponible |
Hace catorce años, con Sixto, entramos formalmente en una etapa de modernización del Estado. En lo eléctrico, se desmanteló el ente estatal, Inecel, y debieron haberse privatizado sus activos concesionando la administración de las empresas eléctricas. Pero esto último no se dio y por tanto no hubo inversión ni pública ni privada, causando el enorme déficit de generación. Para superar esta situación, hay dos proyectos complementarios que se están tratando en el Congreso. El uno, en etapa de veto parcial, permitirá al Estado asumir el subsidio eléctrico, lo que les permitía a las distribuidoras funcionar como tales; que la administración de estas pase a manos profesionales; y que el Estado pueda garantizar el pago a las generadoras de la electricidad entregada a las distribuidoras públicas; esto último, aparentemente el Congreso no acogió. El otro, de urgencia económica, destina los ingresos del Estado generados por la caducidad de Occidental a la inversión en proyectos hidroeléctricos. Ambas leyes, vistas de manera conjunta, pueden ser un paso firme hacia la solución de la crisis eléctrica que vive el país.
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