PETROLEO Y DESIGUALDAD SOCIAL

Para que las alzas de sueldos públicos no amplíen las desigualdades sociales y la pobreza, al ser permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. Si la sociedad considera buenos los servicios brindados por quienes reciben emolumentos pagados por la colectividad, debe estar dispuesta a financiar con más tributación los incrementos de sueldos públicos. Los US 200 millones requeridos en 2007 equivalen a subir el IVA del 12 por ciento al 13 por ciento o en 15 por ciento el impuesto a la renta. Si el Ecuador no asume como valor colectivo la redistribución de los recursos públicos hacia los pobres, estos serán cada vez más y su desencanto tornará crónica la ingobernabilidad. Los pobres no están en el sector público, sí en los campos y periferias de las ciudades. Viven sin trabajo o con US 1 ó US 2 al día. Los dólares petroleros deben servir para que tengan oportunidades. Comparativamente, con US 200 millones se puede duplicar el bono de desarrollo humano que sirve a más de 1 millón de familias, o se podrían construir viviendas para los pobres con notables efectos positivos en la actividad económica. Contra la ley se condena al próximo Gobierno a crecer el gasto corriente y los sueldos en más de 3,5 por ciento en términos reales, a aumentar gastos fijos sin financiamiento y consumir el activo petrolero. Se potencia la inestabilidad fiscal y resta espacios para una real política pro pobre, en nociva reiteración de viejas costumbres.