UNA PEDAGOGIA EQUIVOCADA

Respetando el criterio del ministro de Economía, Diego Borja, hay prácticas ilegales que, por recurrentes, se convierten en habituales. En cuanto a municipios y consejos provinciales, pese a claras disposiciones constitucionales para que las transferencias sean predecibles, directas, oportunas y automáticas (artículo 231), la cicatería centralista se mofa de ellas. Y en cuanto a lo macro, si bien el artículo 260 de la Constitución dispone que la formulación y ejecución de la política fiscal es responsabilidad del Ejecutivo, no es dable que el ministro de Economía viole esa y otras normas, disponiendo -como ocurrió- traspasos o rebajas de créditos bajo el subterfugio de que la Ley de Presupuestos. La realidad es otra: existen reglas que todo funcionario debe respetar, comenzando por las asignaciones que nacen por mandato constitucional. Sería una pantomima que el Congreso debata cada año la Pro forma Presupuestaria, y que, luego, el Ejecutivo ignore lo resuelto por el Legislativo. Hace falta, entonces, desterrar pedagogías equivocadas, abandonar los hábitos centralistas, viciados e ilegales, obligando al Gobierno a ejecutar el Presupuesto del Estado en función del marco jurídico que nos rige, respetando así, en la práctica, el estado social de derecho. De carambola, mientras menor sea el grado de libertad del tecnócrata para reducir al máximo su discrecionalidad en la asignación de recursos, será mejor y mayor la transparencia en el reparto justo y equitativo del Presupuesto. Una vez más, el cáncer del centralismo paquidérmico carcome la unidad nacional.