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LA BUROCRACIA PONE 96 AMPAROS ANTE LOS DESPIDOS

Tema(s): En: Expreso 22 mar. 2005, p. 8Resumen: La supresión de partidas en el sector público, ahora, depende del pleno del Tribunal Constitucional (TC). El pasado 15 de marzo, el Congreso presentó ante el defensor del Pueblo una demanda de inconstitucionalidad de la resolución 2005-0005 de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (SENRES), que establece los parámetros para la supresión de partidas. En el documento, el presidente de la Comisión de lo Laboral, Luis Villacís, "solicita la inconstitucionalidad de la resolución y la suspensión total de sus efectos". Villacís argumenta cuatro violaciones a la Constitución en la resolución de SENRES. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, asegura que el defensor del Pueblo, Claudio Muekay, ya dio el visto bueno a la demanda. "Ahora con el aval del defensor el trámite pasará al pleno del TC". Ayer, en este organismo se informó que la queja todavía no ha ingresado. Solo cuando eso ocurra y el TC notifique a las partes involucradas el proceso de desenrolamiento podría detenerse. Otras acciones legales que tendrá que enfrentar el Gobierno son los 96 recursos de amparo que los ex empleados del Ministerio de Economía presentarán ante el mismo TC. Sus abogados aseguran que tienen buenas perspectivas de éxito.
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Analítica de Seriada Analítica de Seriada BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO Expreso. 22 mar. 2005, p. 8 Disponible

La supresión de partidas en el sector público, ahora, depende del pleno del Tribunal Constitucional (TC). El pasado 15 de marzo, el Congreso presentó ante el defensor del Pueblo una demanda de inconstitucionalidad de la resolución 2005-0005 de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (SENRES), que establece los parámetros para la supresión de partidas. En el documento, el presidente de la Comisión de lo Laboral, Luis Villacís, "solicita la inconstitucionalidad de la resolución y la suspensión total de sus efectos". Villacís argumenta cuatro violaciones a la Constitución en la resolución de SENRES. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, asegura que el defensor del Pueblo, Claudio Muekay, ya dio el visto bueno a la demanda. "Ahora con el aval del defensor el trámite pasará al pleno del TC". Ayer, en este organismo se informó que la queja todavía no ha ingresado. Solo cuando eso ocurra y el TC notifique a las partes involucradas el proceso de desenrolamiento podría detenerse. Otras acciones legales que tendrá que enfrentar el Gobierno son los 96 recursos de amparo que los ex empleados del Ministerio de Economía presentarán ante el mismo TC. Sus abogados aseguran que tienen buenas perspectivas de éxito.

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