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NO HAY CIFRAS OFICIALES DEL IMPACTO FISCAL DEL ALZA DE PENSIONES JUBILARES

Tema(s): En: El Universo 30 jun. 2004, p. A. 2Resumen: Con un saldo de caja de 300,5 millones de dólares, hasta el 31 de mayo anterior, logrado en base al congelamiento de los sueldos, a la postergación de los pagos (atrasos) y al desplazamiento de la inversión social y de obra pública, el Gobierno no tiene los fondos necesarios para enfrentar el alza de las pensiones jubilares -a 135,62 dólares- que el Congreso aprobó ayer. Según el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Madera, "fijar una pensión mínima de 135 dólares significa para el año 2004, un incremento promedio de 110 dólares mensuales y 1.430 anuales, incluida la decimotercera pensión, por pensionista". Aunque aún no hay cifras oficiales del impacto de la decisión del Congreso, el alza inicial que se resolvió la semana pasada (entre 20 y 30 dólares por jubilado), representó un egreso adicional de 65 millones de dólares anuales. De estos, el 40 por ciento (26 millones) lo financia el Estado y el 60 por ciento (39 millones), el IESS. Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, señala que "es imposible cubrir pensiones mínimas de 135 dólares y la única manera de hacerlo es con más impuestos. No hay opciones". El Seguro también deberá asumir el costo de la decisión de los diputados. Ahora, para cubrir los 135 dólares necesitará el aporte de 21 afiliados y no como antes del nuevo piso, de 4,8 cotizantes. Con la nueva pensión básica, dice Madera, el IESS tampoco podrá recuperar las reservas que se utilizaron para cubrir el pago de pensiones en años pasados y pone en riesgo el sistema de pensiones a futuro. El ministro de Economía, Mauricio Yépez, pide al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, que vete (rechace) el texto aprobado por el Congreso Nacional, con un argumento: el alza es inconstitucional. El Ministro se fundamenta en la Constitución (art. 59), que dispone que "no podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo del seguro general obligatorio, si no se encontraren debidamente financiadas, según estudios actuariales". El secretario de la Presidencia, Carlos Pólit, no descarta el veto total o parcial de lo aprobado.
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Con un saldo de caja de 300,5 millones de dólares, hasta el 31 de mayo anterior, logrado en base al congelamiento de los sueldos, a la postergación de los pagos (atrasos) y al desplazamiento de la inversión social y de obra pública, el Gobierno no tiene los fondos necesarios para enfrentar el alza de las pensiones jubilares -a 135,62 dólares- que el Congreso aprobó ayer. Según el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Madera, "fijar una pensión mínima de 135 dólares significa para el año 2004, un incremento promedio de 110 dólares mensuales y 1.430 anuales, incluida la decimotercera pensión, por pensionista". Aunque aún no hay cifras oficiales del impacto de la decisión del Congreso, el alza inicial que se resolvió la semana pasada (entre 20 y 30 dólares por jubilado), representó un egreso adicional de 65 millones de dólares anuales. De estos, el 40 por ciento (26 millones) lo financia el Estado y el 60 por ciento (39 millones), el IESS. Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, señala que "es imposible cubrir pensiones mínimas de 135 dólares y la única manera de hacerlo es con más impuestos. No hay opciones". El Seguro también deberá asumir el costo de la decisión de los diputados. Ahora, para cubrir los 135 dólares necesitará el aporte de 21 afiliados y no como antes del nuevo piso, de 4,8 cotizantes. Con la nueva pensión básica, dice Madera, el IESS tampoco podrá recuperar las reservas que se utilizaron para cubrir el pago de pensiones en años pasados y pone en riesgo el sistema de pensiones a futuro. El ministro de Economía, Mauricio Yépez, pide al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, que vete (rechace) el texto aprobado por el Congreso Nacional, con un argumento: el alza es inconstitucional. El Ministro se fundamenta en la Constitución (art. 59), que dispone que "no podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo del seguro general obligatorio, si no se encontraren debidamente financiadas, según estudios actuariales". El secretario de la Presidencia, Carlos Pólit, no descarta el veto total o parcial de lo aprobado.

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