TRES MIL MILLONES

Tres mil millones de dólares le cuesta al Estado y por tanto al pueblo ecuatoriano, el desbarajuste eléctrico, según registra la misión del Fondo Monetario Internacional. Esta obscena cifra -equivale a casi el 50 por ciento del presupuesto fiscal de 2004- tiene su origen en las siguientes causas principales: robos de energía, deudas de las generadoras, las deudas de los usuarios del sector público a las generadoras regionales; la acumulación de deudas entre el Ministerio de Economía, las distribuidoras, las generadoras y Transelectric y el enredo jurídico del país. Ahí está el caos eléctrico debido a ineficiencia, corrupción y quemimportismo. Aparte de la altísima tarifa para el usuario, las deficiencias de calidad de la energía eléctrica, los cortes y apagones frecuentes, el país ha echado a un barril sin fondo US 3.000 millones que buena falta hacen para mejorar educación, salud, seguridad e incluso para financiar proyectos hidroeléctricos importantes. Pero la opacidad que envuelve al monopolio eléctrico y los subsidios evidentes u ocultos por parte del Estado han dado como resultado la situación perversa descrita por la misión del FMI. Es sabido que los sectores productivos no podrán desarrollarse si no cuentan con energía eléctrica confiable y a precios competitivos. El Estado debe garantizar que sus empresas comercializadoras, de propiedad del Fondo de Solidaridad, paguen a las generadoras por la energía recibida. Mientras esto no ocurra, no habrá inversor que se arriesgue. No se trata de impulsar la privatización por el prurito de hacerlo. Si el Estado es capaz de reordenar el sector eléctrico en sus manos, en hora buena.