LA AGD ES EL ESTADO

Es sintomático que cada vez que se cuestiona la labor de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se refieran las críticas a que no paga a los depositantes sus acreencias. Y nadie, o casi nadie, se acuerda que más, muchísimo más que los depositantes, es el Estado el principal acreedor. Y que no podrá recaudar ese dinero si no se realiza una efectiva acción de cobro a los deudores, que son, en buena parte, los mismos dueños de las empresas y los bancos quebrados. Indigna, por lo mismo, que a la única administración de la AGD que se empeña en cobrar las deudas, se le encuentren todos los peros imaginables, mientras a las anteriores no solo que nadie les pide cuentas, sino que hasta se convierten, con audacia intolerable, en fiscalizadores. Indigna que dentro del Estado, del cual son parte todos los organismos públicos, arrecien las críticas a la actual administración de la AGD, sin que ninguno informe qué pasó antes, lo cual solo puede ser de interés de autores, cómplices y encubridores. Errores se habrán cometido y la solución es enmendarlos. Pero ninguno justifica que no exista la convicción de que la AGD representa el interés del Estado y que todos los miembros de las instituciones públicas están obligados a actuar bajo esa premisa. Lo que cobre la AGD recupera el Estado. Lo que aclare la AGD es de interés ético. Y el interés público está sobre el particular.