TRISTE HISTORIA PARA EL CRUDO ECUATORIANO
Tema(s): En: Expreso 17 jul. 2000, p. 7Resumen: Las constantes reformas a la Ley de Hidrocarburos no han sido beneficiosas para el Estado ecuatoriano, que ha hecho del crudo su principal fuente de ingreso de divisas. Desde 1972 los gobiernos han realizado un sin número de reformas a la ley, año en el cual el país empieza a sentir los beneficios de la explotación de los hidrocarburos. Unicamente la nueva legislación petrolera de ese entonces dejó en claro la participación del Estado en la producción de crudo y los impuestos que debían pagar las empresas petroleras. Definió una superficie de 200.000 hectáreas para la exploración y explotación de petróleo, en reemplazo de las extensiones dadas en concesión hasta fines de los años sesenta, que en algunos casos, fue de 3,5 millones de hectáreas. Asimismo, se modificó la duración de los contratos petroleros: 25 años en lugar de 50. Y la participación del Estado fue predominante: 67.5 por ciento en el consorcio Cepe-Texaco.| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | RESUM-024997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Expreso. 17 jul. 2000, p. 7 | Disponible |
Las constantes reformas a la Ley de Hidrocarburos no han sido beneficiosas para el Estado ecuatoriano, que ha hecho del crudo su principal fuente de ingreso de divisas. Desde 1972 los gobiernos han realizado un sin número de reformas a la ley, año en el cual el país empieza a sentir los beneficios de la explotación de los hidrocarburos. Unicamente la nueva legislación petrolera de ese entonces dejó en claro la participación del Estado en la producción de crudo y los impuestos que debían pagar las empresas petroleras. Definió una superficie de 200.000 hectáreas para la exploración y explotación de petróleo, en reemplazo de las extensiones dadas en concesión hasta fines de los años sesenta, que en algunos casos, fue de 3,5 millones de hectáreas. Asimismo, se modificó la duración de los contratos petroleros: 25 años en lugar de 50. Y la participación del Estado fue predominante: 67.5 por ciento en el consorcio Cepe-Texaco.
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