INFORME A LA VISTA

La exploración de nuevas reservas petroleras en la Amazonía ha llevado al descubrimiento de crudos pesados, cuya explotación, en el marco de los contratos de servicios, ha dejado dudas respecto a la conveniencia de la operación para el Estado Ecuatoriano. El problema radica en que el crudo que algunas empresas están o se preparan a exportar, no corresponde en realidad a los bloques que les fueron asignados, sino que PETROECUADOR les ha entregado parte de sus campos, en donde se había establecido la existencia de reservas, para que sean explotados. Probablemente este arbitrio pretendía que las empresas petroleras permanezcan en el país, pero lo cierto es que su operación en estas condiciones ha significado eliminar o disminuir el riesgo petrolero, a cambio de la entrega de recursos que propiamente pertenecen al ente petrolero nacional. Estas y otras preocupaciones justifican que se hayan designado una comisión para que estudie el caso de la empresa Maxus, que originalmente tenía a su cargo solo el bloque 16, ubicado en una zona de preservación ecológica, y después recibió campos de PETROECUADOR, de donde sale un petróleo que en el proceso de armotización representa, según varios entendidos, una pérdida para el Estado, frente a lo que pudo ganar.