PRIVATIZAR LA AUTORIDAD

La certificación de la identidad de las personas, de su estado civil, nacionalidad y ocupación es asunto de interés público, cuyo ejercicio corresponde al Estado, y tiene peso fundamental en asuntos tales como la elaboración de los padrones electorales y la investigación de actos delictivos. La tecnificación del Registro Civil por medio de una compañía especializada es una razonable iniciativa, pero sin ceder la autoridad y el control público a un ente privado, que tendría un desmesurado poder que comprometería ciertas funcionas públicas esenciales. La privatización podría llegar a la operación técnica pero jamás a la potestad de control, porque no se puede privatizar la autoridad pública.