La ley FATCA y la opción de ‘decidir’ sobre el secreto bancario

La crisis económica generalizada entre 2008 y 2009 dejó una necesidad mundial de captación de recursos. Para mejorar la fiscalización de las inversiones que los estadounidenses mantienen en el exterior y reducir la evasión fiscal, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en marzo de 2010 la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Esta ley fue reglamentada en febrero de 2014 y entró en vigencia desde el primero de julio del mismo año. La iniciativa de esta ley fue seguida por un acuerdo para el intercambio de información fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a más de 35 países que entre ellos suman más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, así como de los países miembros del G20. Entre los países firmantes están más de 80 como Bélgica, Colombia, Alemania, Brasil, México, Italia. En Latinoamérica no han firmado Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, por lo que la entrega de información se mantiene como una invitación y las entidades financieras deben decidir si la aceptan o no y sus estrategias de trabajo.