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'UN MAMOTRETO JURIDICO

Por: Tema(s): En: Diario de Negocios 13 mar. 2013, p. 2Resumen: El Presidente de la República en su exposición del pasado sábado anunció su veto total a la Ley de Inquilinato propuesta por una mayoría de la Asamblea Nacional. Los motivos expuestos por el presidente para su veto fueron bastante explícitos y dejó en claro que ante la falta de análisis por parte de las personas que elaboraron la ley, resultaba que era peor el remedio que la enfermedad, al perjudicar tanto a arrendatarios como arrendadores. Tal vez se debería reflexionar y aplicar un criterio similar frente al decreto 1438 que tiene la intención de frenar la especulación en 46 productos de alimentos y bebidas. Esta situación evidentemente nos beneficiaría a la gran mayoría de ecuatorianos, pero que por la forma en que está concebido tendría el efecto contrario y negativo tanto para productores, comerciantes y consumidores. La normativa que no presenta un mecanismo adecuado para el establecimiento de un precio referencial y que adicionalmente proporciona un campo abierto a la corrupción por la discrecionalidad que brinda a intendencias y comisarías para el control de precios, podría terminar con efectos tan graves como desincentivos a los productores, desabastecimiento, corrupción y mercados negros.
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Analítica de Seriada Analítica de Seriada BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO Diario de Negocios. 13 mar. 2013, p. 2 Disponible

El Presidente de la República en su exposición del pasado sábado anunció su veto total a la Ley de Inquilinato propuesta por una mayoría de la Asamblea Nacional. Los motivos expuestos por el presidente para su veto fueron bastante explícitos y dejó en claro que ante la falta de análisis por parte de las personas que elaboraron la ley, resultaba que era peor el remedio que la enfermedad, al perjudicar tanto a arrendatarios como arrendadores. Tal vez se debería reflexionar y aplicar un criterio similar frente al decreto 1438 que tiene la intención de frenar la especulación en 46 productos de alimentos y bebidas. Esta situación evidentemente nos beneficiaría a la gran mayoría de ecuatorianos, pero que por la forma en que está concebido tendría el efecto contrario y negativo tanto para productores, comerciantes y consumidores. La normativa que no presenta un mecanismo adecuado para el establecimiento de un precio referencial y que adicionalmente proporciona un campo abierto a la corrupción por la discrecionalidad que brinda a intendencias y comisarías para el control de precios, podría terminar con efectos tan graves como desincentivos a los productores, desabastecimiento, corrupción y mercados negros.

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