PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

El decreto 1438, firmado el presidente de la República el pasado 22 de febrero, se expide con la intención de frenar la especulación en 46 productos de alimentos y bebidas. La mecánica contempla el establecer un precio referencial de cada uno de los productos en base a un promedio de venta de los últimos tres meses y a partir de ellos ejercer un control en mercados mayoristas mediante intendencias y comisarías de policía. Sin embargo, el mecanismo propuesto parecería haber sido elaborado sin el suficiente detenimiento y análisis lo que inclusive podría generar problemas más graves que el que se intenta solucionar. En primer lugar, la fijación del precio referencial no guarda mayor lógica, ya que al ser un promedio de los tres meses anteriores, del cuarto mes en adelante se entendería como un precio que según la regulación no podría seguir variando porque sería controlado por las intendencias generales y las comisarías de policía, siendo este un problema más de forma en la mecánica, sin embargo también se detectan problemas de fondo que complicarían su aplicación. La aplicación del decreto podría derivar en una forma de auspicio a un proceso de corrupción de las autoridades ya que al ser un precio "referencial" y no un precio máximo queda a la discrecionalidad de las autoridades el determinar si es un precio excesivo o especulativo el que se está cobrando por parte del comerciante. Por otro lado, al transformarse por el control el precio referencial en algo equivalente al precio máximo, se incentiva el desabastecimiento ya que se elimina el mecanismo de precios para incentivar la producción, incentivando un sistema de mercado negro ante el desabastecimiento de cualquier producto que consta en el listado emitido por el decreto. Por lo dicho, el mecanismo propuesto demanda su revisión y un mayor nivel de análisis ya que como está concebido propiciaría una importante distorsión en los mercados que afectarán negativamente tanto a los productores, comerciantes y consumidores.