LA CLAVE ESTA EN EL CONTROL MINERO

La remediación ambiental para la explotación minera a gran escala es controlada en el Ecuador a través de la Constitución, leyes y reglamentos creados desde 2009, previamente a firmar las concesiones de los cinco campos estratégicos: Mirador, Fruta del Norte, Quimsacocha, Río Blanco y Panantza San Carlos. La ministra del Ambiente (MAE), Marcela Aguiñaga, indicó que en el caso del campo Mirador, concesionado el 5 de marzo de 2012 a Ecuacorriente, de capital chino, para que inicie con la explotación del cobre se implementó el plan de manejo ambiental para esta fase, "es decir, todas las medidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales durante la ejecución del proyecto, suman 2'060.000 por año". La etapa de cierre de la mina requiere otra licencia ambiental, donde se establecerán los costos y actividades para esta última labor. Adicionalmente, según la secretaria de Estado, existe un monto de 100 millones -estimado establecido en su plan de inversiones- como una provisión a la etapa de cierre que será ratificado o modificado en la licencia a otorgar después de 25 años. Independientemente de esto, por ley, el titular minero tiene la obligación de remediar cualquier daño ambiental no previsto, cueste lo que cueste. "Son medidas que se adoptan para garantizar un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, como lo manda la Constitución en su artículo 395", indicó la Ministra.