000			02084nab a22002537a 4500
001			RESUM-038466
003			EC-BCE
005			20140107225811.0
040			_aEC-BCE _cEC-BCE
100			_aRoldós, León
245			_aEL EFECTO NEGATIVO
520			_aHay normas y decisiones que se suponen orientadas a un objetivo, pero en la práctica pueden tener el resultado contrario. En la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones, supuestamente se "limita" el pago por renuncia voluntaria, a los que se retiran del sector público, a 1 000 dólares por año hasta 30 000 dólares. Lo malo es que esa suma es "límite" solo para el cinco por ciento de los servidores públicos (Petroecuador, telefónicas, algunas empresas eléctricas), que tenían sumas mayores en sus liquidaciones, pero es una importantísima elevación para los que trabajan en el 95 por ciento del sector público, incluyendo entidades autónomas, que en su existencia nunca habían pagado 1 000 dólares anuales de liquidación por renuncia. La Universidad de Guayaquil, por ejemplo, liquidaba a los que renunciaban voluntariamente y tenían diez años o más, cinco sueldos mensuales, aproximadamente 2 000 dólares, incluyendo a los que se jubilaban. Hoy habría que pagarles a los que se retiran con 30 años 30 000 dólares. ¿Quién financiará los 28 000 dólares? Habrá que reclamarle al Congreso y al Ejecutivo, por la Ley sin los cálculos del impacto financiero que significa esa norma. Se podría decir "no se pague si no hay fondos"; pero, se seguirán juicios y las sentencias son irresistibles. En la práctica van a multiplicarse los juicios.
650			_aINDEMNIZACIÓN POR CESANTIA
650			_aSECTOR PUBLICO
650			_aREFORMA ADMINISTRATIVA
650			_aCOMENTARIOS EDITORIALES
650			_aECUADOR
650			_aINDEMNIZACION POR CESANTIA
650			_a13
651			_aEC
650			_a1nac
773			_tEl Comercio _dQuito _g29 oct. 2003, p. A. 4
942			_2z _cAS
999			_c52585 _d52585