BUROCRATAS EN VILO POR DEMANDA

Los servidores públicos siguen a la espera de que en la Corte Constitucional (CC), se defina la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el organismo, el pasado 5 de agosto contra el decreto ejecutivo 813. Dicho decreto estipula en su artículo 8 la compra de renuncias obligatorias de los servidores públicos, cuando la entidad para la cual laboren lo señale, en base a un plan elaborado para este fin, que deberá estar debidamente presupuestado. El ministro de relaciones Laborales, Richard Espinosa, ha reiterado en diversas declaraciones que la intención del decreto corresponde a la necesidad de reestructurar el servicio público. Miguel García, representante de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador (FEDESEP), quien insiste en la ilegalidad del decreto, explicó que hasta ayer en su casillero judicial no se había recibido el anuncio de conocimiento del proceso en la Corte Constitucional.