EL JUICIO DE LA OXY

La compañía norteamericana Occidental ha puesto al Ecuador ante el riesgo de tener que pagar una indemnización de casi US 2 300 millones como consecuencia de una demanda planteada en contra del país en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington. La demanda de la compañía norteamericana se produjo a raíz de que el Gobierno ecuatoriano decidiera en mayo de 2006 declarar la caducidad del contrato firmado con la empresa estadounidense en 1995 para la explotación del Bloque 15. La petrolera se acogió entonces al convenio de protección de inversiones vigente entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno ecuatoriano para presentar la demanda. El convenio establecía al CIADI como tribunal dirimente en caso de que existiera algún diferendo entre inversionistas norteamericanos y el Estado ecuatoriano. Es precisamente ante el CIADI que la Occidental presentó su demanda por 2 300 millones en contra del Gobierno ecuatoriano. La audiencia final del juicio se realizará el 30 de junio en el seno del CIADI. Lo cierto es que este caso muestra la poca consistencia de la política petrolera ecuatoriana en sus relaciones con las compañías extranjeras y la ausencia de una relación de respeto mutuo en el cumplimiento de obligaciones contractuales. Lo único que cabe esperar es que el Ecuador pueda argumentar con solidez a su favor ante el CIADI para evitar el pago de una inmensa cantidad de recursos absolutamente necesarios para sostener múltiples programas de inversión pública.