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SABANDO DEFENDIO SU ACCIONAR EN LA SB

Tema(s): En: El Telégrafo 27 ene. 2011, p. 03Resumen: La ex funcionaria acudió al recinto legislativo para hacer valer su derecho a la defensa, dentro del proceso interpuesto por el segundo vicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana, quien la acusa de haber realizado omisiones en el proceso de liquidación de la banca cerrada. Por el lapso de dos horas, Sabando expuso las pruebas de descargo y dijo que el segundo inciso del artículo 165 y el 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF), eran inaplicables. El inciso segundo manda que el Superintendente de Bancos disponga a los liquidadores tomar inmediatamente la administración de los bienes de la institución financiera y de los bienes, acciones y participaciones de las compañías y empresas de propiedad de los accionistas que posean más del 6 por ciento de las acciones suscritas o administradores que hayan incurrido en infracciones a la ley, para que con las utilidades derivadas de tal administración se cubran parcial o totalmente las acreencias. Mientras que el 127 establece el uso de la coactiva para el cobro. Según la ex funcionaria, la inaplicabilidad del artículo 165 obedece a que no había bienes a nombre de los accionistas y ex administradores. A esto sumó el pronunciamiento de la Procuraduría sobre la complementariedad de los artículos 127 y 126 que se mantuvo desde 2001 hasta mayo de 2010, cuando el tema se destrabó con una nueva respuesta del órgano de control. Sabando mencionó que la Junta Bancaria, con el respaldo del Procurador General del Estado, emitió la resolución No. JB-2010-1709, bajo la cual procedió a notificar el cobro por la vía coactiva a los ex directores, ex administradores, ex funcionarios o ex empleados responsables de las pérdidas patrimoniales. Ante ello, dijo que hizo lo que tenía que hacer y añadió que hasta el 3 de enero de 2011, fecha que concluyó sus funciones al frente de la Superintendencia, notificó a 173 ex directores de 24 instituciones financieras.
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La ex funcionaria acudió al recinto legislativo para hacer valer su derecho a la defensa, dentro del proceso interpuesto por el segundo vicepresidente de la Asamblea, Rolando Panchana, quien la acusa de haber realizado omisiones en el proceso de liquidación de la banca cerrada. Por el lapso de dos horas, Sabando expuso las pruebas de descargo y dijo que el segundo inciso del artículo 165 y el 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF), eran inaplicables. El inciso segundo manda que el Superintendente de Bancos disponga a los liquidadores tomar inmediatamente la administración de los bienes de la institución financiera y de los bienes, acciones y participaciones de las compañías y empresas de propiedad de los accionistas que posean más del 6 por ciento de las acciones suscritas o administradores que hayan incurrido en infracciones a la ley, para que con las utilidades derivadas de tal administración se cubran parcial o totalmente las acreencias. Mientras que el 127 establece el uso de la coactiva para el cobro. Según la ex funcionaria, la inaplicabilidad del artículo 165 obedece a que no había bienes a nombre de los accionistas y ex administradores. A esto sumó el pronunciamiento de la Procuraduría sobre la complementariedad de los artículos 127 y 126 que se mantuvo desde 2001 hasta mayo de 2010, cuando el tema se destrabó con una nueva respuesta del órgano de control. Sabando mencionó que la Junta Bancaria, con el respaldo del Procurador General del Estado, emitió la resolución No. JB-2010-1709, bajo la cual procedió a notificar el cobro por la vía coactiva a los ex directores, ex administradores, ex funcionarios o ex empleados responsables de las pérdidas patrimoniales. Ante ello, dijo que hizo lo que tenía que hacer y añadió que hasta el 3 de enero de 2011, fecha que concluyó sus funciones al frente de la Superintendencia, notificó a 173 ex directores de 24 instituciones financieras.

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