UN MILLON DE PERSONAS ESTARIA FUERA DEL IESS

La decisión del presidente Rafael Correa de consultar a la ciudadanía sobre si se debe o no tipificar como delito la no afiliación de un trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), genera gran expectativa entre los ecuatorianos. Desde el sector empresarial, Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, asegura que comparten la motivación de que todos los empleados deben estar afiliados al Seguro Social, pero considera que el mecanismo será "difícil de implementar y podría ahondar en el problema de inseguridad jurídica que se manifiesta en la poca inversión que atrae el Ecuador cada año". El empresario sostiene que ya existen penas severas para los infractores, como el cobro de multas y de aportes con carácter retroactivo, por lo que la posibilidad de avanzar hacia la penalización debería ser analizado. "Para dar el siguiente paso, que podría ser la penalización, los ecuatorianos debemos tener una base de confianza absoluta en que ello no será utilizado para fines de persecución o retaliación, o que simplemente el error de un funcionario no redundará en la privación de la libertad de una persona", manifestó. Advierte que la incorporación de una nueva sanción podría convertirse en una ilegalidad, pero que de darse la penalización, debe ir acompañada de un sistema de control absolutamente transparente y técnico. Según el presidente del IESS, Ramiro González, en el Ecuador existen 2,8 millones de personas empleadas, sea de forma autónoma o en relación de dependencia, pero solo 1,8 millones están afiliadas a la seguridad social.