GOBIERNO DENUNCIA PERJUICIO POR USD 131,4 MILLONES

El mal manejo del Fondo de Pensiones del Banco Central del Ecuador (BCE) provocó un perjuicio al Estado de 131,4 millones, denunció ayer la Secretaría de Transparencia. Explicó que, entre 1992 y el 2004, se realizaron transferencias irregulares y que el dinero fue depositado en el Fondo Latinoamericano de Reservas, que está prohibido por la ley, pues allí solo pueden hacer inversiones agentes públicos y el fondo está catalogado como privado. La Secretaría indicó, por ejemplo, que se modificaron las condiciones para acceder al seguro complementario para beneficiar a altas autoridades. Cita las pensiones que reciben los ex directivos Ana Lucía Armijos (de US 2.368,6 mensuales), Mauricio Yépez (de US 2.754) y Patricio Dávila (cuya partida fue suprimida, pero que la Secretaría no reveló el monto). María de Lourdes Andrade, ex presidenta de los trabajadores del BCE y actualmente vinculada al Gobierno (es funcionaria del Servicio de Rentas Internas), recordó que ese fondo "era manejado como hacienda propia" por las autoridades de entonces. Según ella, entre el 2003 y el 2004 se tomaron arbitrariamente US 80 millones "para fondear" las altas pensiones jubilares. Al respecto, la Superintendencia de Bancos emitió en septiembre pasado un informe que pasó a la Fiscalía. Allí ordenó que se suspendiera la entrega de algunas pensiones, sobre las que pesan sospechas de ilegalidad. Roberto Ávila, presidente de la Asociación de Jubilados del Banco Central, rechazó lo que denominó una "injusta suspensión de jubilaciones" a varios ex empleados del Banco, pues, a su juicio, al tomarse esa medida se está afectando a personas que nada tenían que ver con hechos ilícitos.