NOCIVA DECISION DE NO PAGO

El Gobierno da palos de ciego con el aplazamiento del pago de US 30,6 millones de un cupón de bonos 2012 y los anuncios de la eventual decisión de suspender el pago por la supuesta ilegalidad en la contratación de tramos de la deuda, que saldrá a la luz con el informe de la comisión auditora. La decisión tuvo ya efectos contraproducentes al poner por las nubes la calificación del Riesgo País. La declaración unilateral de una supuesta ilegalidad de la deuda es un tiro al aire político, que no tiene, como es obvio, reconocimiento jurídico alguno: un hecho así exigiría la sentencia de un tribunal internacional. Si no la hay, argumentar la ilegalidad para no pagar la deuda abre la posibilidad de acciones a favor de los acreedores. De otro lado, el no pago representaría un alivio fiscal menor a US 500 millones, que resulta de poco peso si se pone en el otro plato de la balanza perder el acceso crédito y ahuyentar la inversión extranjera. Aunque al Gobierno le tengan sin cuidado el deterioro de la calificación del Riego País, esta pasa una costosa factura con cada una de las declaraciones oficiales que evidencien la falta voluntad del Gobierno para cumplir las obligaciones de crédito del país.