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SE NECESITAN USD 180 MILLONES PARA UNIVERSIDAD GRATUITA

Tema(s): En: Expreso 9 oct. 2008, p. 3Resumen: Solo en el 2009, implementar la gratuidad en la educación universitaria le costaría al Estado aproximadamente 180 millones de dólares. A esa cifra llega el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). Su presidente, Gustavo Vega, aseguró que esta cifra es el costo preliminar, pues aún se deberán establecer todos los rubros que el Estado tendrá que cancelar a las universidades públicas. La cifra fue entregada ayer, en Quito, en el marco de una reunión de rectores de universidades públicas y escuelas politécnicas. El objetivo: despejar las dudas acerca del derecho constitucional a la gratuidad en la educación superior. La principal incertidumbre entre los rectores fue el tiempo desde el que deberá regir la gratuidad y la proyección del pago de la misma. La decisión final fue que este derecho entre en vigencia desde el día que se publique la Constitución en el Registro Oficial. Es decir, que a partir de esa fecha las universidades no podrán cobrar los rubros correspondientes a matrículas, aranceles y derechos de escolaridad.
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Analítica de Seriada Analítica de Seriada BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO Expreso. 9 oct. 2008, p. 3 Disponible

Solo en el 2009, implementar la gratuidad en la educación universitaria le costaría al Estado aproximadamente 180 millones de dólares. A esa cifra llega el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). Su presidente, Gustavo Vega, aseguró que esta cifra es el costo preliminar, pues aún se deberán establecer todos los rubros que el Estado tendrá que cancelar a las universidades públicas. La cifra fue entregada ayer, en Quito, en el marco de una reunión de rectores de universidades públicas y escuelas politécnicas. El objetivo: despejar las dudas acerca del derecho constitucional a la gratuidad en la educación superior. La principal incertidumbre entre los rectores fue el tiempo desde el que deberá regir la gratuidad y la proyección del pago de la misma. La decisión final fue que este derecho entre en vigencia desde el día que se publique la Constitución en el Registro Oficial. Es decir, que a partir de esa fecha las universidades no podrán cobrar los rubros correspondientes a matrículas, aranceles y derechos de escolaridad.

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