CONSTITUCION PLANTEA EVITAR MONOPOLIOS PRIVADOS

A los mercados no se les da libre albedrío. De vez en cuando el Estado debe intervenir para corregir ciertas distorsiones, dicen los socialistas. Algunas de esas imperfecciones son conocidas como "monopolio y oligopolio". Su defecto: provocar altos precios de los bienes y servicios. Y es justamente contra aquello que la nueva Constitución -que se someterá a referéndum para ser aprobada o no- afiló sus dardos. "El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado, y fomentará la competencia en igualdad de oportunidades, lo que se definirá mediante ley", redacta en un extracto. Aunque el proyecto de Constitución devela su repulsión contra esas prácticas en todos los frentes: en la política comercial, económica y hasta en los medios de comunicación, salta una interrogante, ¿ese "desperfecto" no es recurrente en las mismas entidades públicas? Es decir, muchas de ellas son monopólicas o, al menos, oligopólicas.