A CONFESION DE PARTE...

Relevo de prueba, dice el refrán jurídico cuando alguien reconoce un hecho sujeto a esclarecimiento entre las partes. Pues bien, desde hace mucho tiempo se advirtió al Gobierno sobre las consecuencias que se derivan de la ejecución de la política económica. Es historia fresca que merece recordarse la que dejó el corto debate nacional producido alrededor de la reforma tributaria, impuesta a rompesinchas y conocida como Justicia Tributaria, que pese a todo argumento incorporó una serie de impuestos que dañaban la estructura productiva, en este caso la agropecuaria con cargas fiscales adicionales establecidas sin ningún vinculo con incentivos a la eficiencia, productividad o competitividad, sino simplemente asentados en la creencia de promover equidad en la tenencia de la tierra y de extraer más dinero para el Gobierno. Han pasado apenas seis meses y ahora el gobierno da retro y reconoce que parte del problema inflacionario se debe a la existencia de estas cargas tributarias excesivas o inadecuadas a la producción de alimentos que ya hicieron daño. Y lo hace bien, pues busca rectificar su política económica aunque le da un carácter de temporalidad y condicionalidad que nuevamente bloquea o por lo menos dificulta la consecución de los objetivos buscados: ampliar la producción y apaliar la tasa de crecimiento de los precios que ya pone interrogantes al futuro del propio modelo económico.