SETECIENTOS MILLONES

Esta es la enorme suma que el Gobierno se propone obtener de los usuarios de telefonía celular a través de los pagos requeridos a las dos principales empresas concesionarias para la renovación del contrato. Porque quien conozca la realidad del mundo de los negocios sabe que en definitiva lo que se pague al Gobierno tendrá que salir del bolsillo de los usuarios. No hay otra fuente para esos recursos. Pensar que las casas matrices podrían desembolsar esa cantidad sin esperar su recuperación a través del negocio en Ecuador sería una ingenuidad. Resulta, entonces, una contradicción que el Gobierno haya eliminado el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que gravaba hasta diciembre pasado al servicio de telefonía, con el argumento -válido desde luego- que era necesario reducir los costos, y a la vuelta de la esquina exija a los abonados de teléfonos celulares un pago de US 700 millones a través de las concesionarias. En resumen, habría una sustitución del ICE por una exacción a título de renovación de la concesiones de telefonía inalámbrica. No se pone en entredicho el derecho del Estado para cobrar determinados valores a cambio de otorgar el derecho de explotar el mercado ecuatoriano de telefonía celular a las empresas internacionales seleccionadas. Pero es bueno tener presente las profundas diferencias entre regalías u otros aportes que las empresas concesionarias de la explotación de recursos naturales entregan al Estado, de aquellas contribuciones por la explotación de un servicio público. Según últimos datos de la SENATEL, habría más de 10 millones de teléfonos celulares activos, lo cual le convierte en el servicio de mayor penetración en el país. De allí la obligación del Estado de crear condiciones que permitan no solo asegurar, sino mejorar la calidad de la telefonía celular.