INTENSO CABILDEO EN FAVOR DEL VETO A LA LEY FINANCIERA

Con 64 diputados presentes, el Congreso instaló ayer a las 11:10 el debate definitivo del proyecto de Ley de justicia financiera. Minutos más tarde, los representantes de la Asociación de Bancos Privados (ABPE) y de la Red Financiera Rural (RFR) ingresaron al Pleno. Pedro Arriola, gerente de Procredit, fue el primero en ser recibido en comisión general. Ahí enfatizó que el veto presidencial causaría la quiebra de 16 instituciones financieras relacionadas con microcrédito, en un período de ocho meses. El funcionario detalló que hace cinco años se registraban 65 millones de dólares en este tipo de créditos y hoy existen 900 millones. Mientras Arriola comparecía, César Robalino, presidente de la Asociación (ABPE), dijo que de allanarse al veto, las instituciones se dedicarían a otros nichos de mercado, pues nadie ofrecerá un servicio que no es rentable. Más sereno, Mario Burbano de Lara, en representación de las mutualistas, manifestó que actualmente se construyen 20 000 viviendas al año, por la facilidad para acceder al crédito hipotecario. Pero las restricciones que plantea el Ejecutivo pueden reducir ese número a 6 000. A diferencia de Burbano de Lara, Fernando Pozo, presidente de la ABPE, señaló exaltado que la aprobación del veto destruiría al sistema financiero y se reeditaría la crisis de 1999. La comisión general tomó 50 minutos y luego comenzó la lectura del veto parcial a nueve artículos, una disposición general y tres disposiciones transitorias.