UNA LEY CONTRAPRODUCENTE

El que el sistema financiero de un país logre suministrar tasas de interés bajas es una de las principales condiciones para lograr la expansión económica al ser una efectiva manera de estimular el consumo y la inversión. En el Ecuador, las tasas de interés han tenido una tendencia decreciente desde el año 2000 cuando se implementó la dolarización; sin embargo, debemos aceptar que el costo del crédito se mantiene relativamente alto si las comparamos con economías con baja inflación y moneda dura como los EE.UU. o Europa. En este contexto, desde la Presidencia de la República y seguramente con la buena intención de reducir las tasas de interés, se propone una ley que lastimosamente implica mecanismos no técnicos y altamente riesgosos que afectarían a los consumidores de crédito especialmente a los estratos más bajos, pondría en riesgo los recursos de los depositantes, el sistema financiero y por supuesto las posibilidades de crecimiento económico. El encargar el manejo a una Junta Bancaria de cinco personas, absolutamente dependientes del presidente en la determinación de tasas de interés, direccionamiento de crédito, manejo de liquidez etc., hará que las decisiones que se toman no sean técnicas sino políticas. La ley elimina la intervención de un organismo técnico e independiente como el Banco Central y otorga absoluta discrecionalidad de regulación a la Junta Bancaria, lo que implicaría que no se establezca un criterio para el cálculo de las variables más importantes y que en la práctica podrían modificarse de cualquier manera.