DECISION CORRECTA

La reforma a la Ley de Hidrocarburos, al disponer que las utilidades generadas por la imprevista elevación del precio del petróleo en el mercado internacional sean compartidas entre el Estado ecuatoriano y las empresas petroleras, producirán algunos cientos de millones de dólares; asimismo, la administración del campo petrolero llamado bloque 15, que pasó a manos del Estado por la decretada caducidad del contrato con la Occidental, rendirá posiblemente una mayor cantidad. Ese dinero no puede ingresar a la cuenta incontrolable llamada del "gasto público", sino que ha de servir para enfrentar problemas fundamentales de nuestra economía y aplicar una política social de Estado. Este concepto que fue insistentemente sostenido por los medios de comunicación y que es respaldado por principios elementales de economía política, ha sido adoptado por este gobierno y, en efecto, planea entregar los nuevos ingresos a un mecanismo de fideicomiso que deja como legado para el próximo gobierno. Pero una parte del ingreso total por estos conceptos, empleará de inmediato cantidades suficientes para, en primer lugar, rehabilitar la refinería de Esmeraldas, que está a punto de colapsar por falta de financiamiento que permita su rehabilitación; y aliviar emergentemente el problema eléctrico. Esta es una decisión loable; debe merecer la comprensión de los legisladores que conocen el proyecto respectivo y de los ecuatorianos, porque es una política saludable. Si el petróleo ha generado estos ingresos no previstos hasta hace pocos meses, que sirvan para fortalecer la industria petrolera tan venida a menos desde que los ingresos de este concepto entraron al presupuesto fiscal, comenzando por rehabilitar la refinería que, mal o bien, alivia en parte las necesidades que tiene el país de derivados del petróleo. Si no se procede así, no solo colapsará la refinería, sino la industria petrolera en general, lo cual sería inconcebible.