LAS TERCERIZADORAS PREVEN PROBLEMAS
Tema(s): En: El Comercio 16 jun. 2006, p. 11Resumen: La Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Personal del Ecuador (ANESEP), cree que la ley aprobada por el Congreso y ratificada ayer por el Ejecutivo es inconstitucional en su forma y fondo. Según la Asociación, alrededor un millón de personas laboran bajo el régimen de tercerización, y esos empleos corren el riesgo de perderse, señaló Marcelo López, director ejecutivo de ANESEP. "Si el Presidente pone el ejecútese a ese malhadado proyecto, seguro quedarán en la desocupación estos trabajadores". En días pasados, la ANESEP envió una carta al presidente Alfredo Palacio, en la cual se expusieron varios argumentos en contra de la Ley de Intermediación Laboral y Tercerización de Servicios. Pidió que se envíe al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre los artículos 3, 8 y 20, los cuales "atentan en forma directa contra derechos civiles garantizados y reconocidos en nuestra Constitución". Cree que esos artículos limitan la intermediación a contratos ocasionales, por horas, a plazo fijo, eventuales y precarios, "dejando fuera del mercado laboral a otras modalidades señaladas en el Código del Trabajo".| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Analítica de Seriada
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BIBLIOTECA ECONÓMICA BCE - QUITO | El Comercio. 16 jun. 2006, p. 11 | Disponible |
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Personal del Ecuador (ANESEP), cree que la ley aprobada por el Congreso y ratificada ayer por el Ejecutivo es inconstitucional en su forma y fondo. Según la Asociación, alrededor un millón de personas laboran bajo el régimen de tercerización, y esos empleos corren el riesgo de perderse, señaló Marcelo López, director ejecutivo de ANESEP. "Si el Presidente pone el ejecútese a ese malhadado proyecto, seguro quedarán en la desocupación estos trabajadores". En días pasados, la ANESEP envió una carta al presidente Alfredo Palacio, en la cual se expusieron varios argumentos en contra de la Ley de Intermediación Laboral y Tercerización de Servicios. Pidió que se envíe al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre los artículos 3, 8 y 20, los cuales "atentan en forma directa contra derechos civiles garantizados y reconocidos en nuestra Constitución". Cree que esos artículos limitan la intermediación a contratos ocasionales, por horas, a plazo fijo, eventuales y precarios, "dejando fuera del mercado laboral a otras modalidades señaladas en el Código del Trabajo".
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